Apostar por un colectivo muy capaz

La inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral sigue siendo una de las asignaturas pendientes con las que se inicia el año. La existencia de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que obliga a las empresas de más de 50 empleados a reservar el dos por ciento de su plantilla a trabajadores discapacitados, no parece ser suficiente para garantizar la integración de este colectivo.

De hecho, entre las más de 2.000 actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entre los pasados enero y septiembre, se levantaron 142 actas de infracción a diferentes empresas por no cumplir con la citada ley. De haber cumplido la obligación de reserva de empleo, en 2006 las empresas inspeccionadas debían haber contado en sus plantillas con un total de 10.888 personas con discapacidad, y entre enero y septiembre de 2007 serían 10.863.

¿Cómo se puede mejorar esta situación? Según el informe ‘Enfermedad, invalidez y trabajo: superar los obstáculos’, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España debería profundizar en sus reformas para reducir el nivel de desempleo de las personas con discapacidad.

Si nos fijamos en los datos facilitados por la organización, el nivel de personas con invalidez permanece invariablemente en el 15 por ciento, mientras que sólo el 35 por ciento de ellos tiene un empleo. Los motivos argüidos son la baja motivación laboral, una extendida estigmatización sobre la habilidad laboral de los discapacitados y la escasa eficacia de los reglamentos laborales y de las ayudas.

Un complejo sistema

Desde la OCDE se realizan tres observaciones sobre la situación de este colectivo en nuestro mercado. La primera es que los discapacitados no acceden fácilmente a los programas de empleo porque el sistema es «demasiado complejo», debido a la descentralización competencial que afecta a los servicios públicos de empleo y al Instituto de la Seguridad Social.

«El actual enfoque no ha ayudado lo suficiente a las personas con discapacidad a lograr un trabajo y tiene que revisarse poniendo el énfasis en la rehabilitación vocacional y la formación», afirma. También sostiene que las instituciones responsables de empleo y formación deben llevar a cabo una «mejor cooperación y racionalizar sus responsabilidades».

La segunda observación hace referencia al hecho de que nuestra legislación laboral, aunque contempla que los empleadores cumplan con los criterios de no discriminación, las obligaciones no son lo suficientemente vinculantes. De ahí que se recomiende el refuerzo de estas políticas de contratación en los convenios colectivos, sancionando a los empresarios que no cumplan con lo acordado. Según señala el texto, «los empleadores deben asumir alguna responsabilidad financiera para prevenir la enfermedad y retener a sus trabajadores».

El tercero y último de los planteamientos de la OCDE hace referencia al ajuste de algunos elementos del sistema de prestación social por discapacidad a la realidad médica, económica y laboral de hoy en día. «Conceder beneficios a los discapacitados que no vuelven a sus antiguos trabajos es una política obsoleta en un mundo donde aumenta la fuerza de trabajo móvil y bien formada», reseña.

Una buena noticia

El año 2007 se cerró con buenas noticias para el colectivo de los discapacitados. Así, el Senado dio luz verde a la ley de sanciones por discriminación hacia estas personas. Dicha norma considera infracciones las discriminaciones directas o indirectas y los acosos, así como el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad a las que están sometidas las instituciones. La ley establece sanciones de hasta un millón de euros para las empresas que cometan discriminación.

Una actuación activa

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la discapacidad en el mundo laboral señala que una de cada diez personas en el mundo pertenece a este colectivo, que habitualmente suele estar relegado a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos y que los hombres discapacitados tienen más probabilidades que las mujeres de tener trabajo.

A la vista de dichos datos, la Fundación Adecco trabaja por la inserción laboral de estas personas desde el año 1999, además de mejorar su calidad de vida con, por ejemplo, actividades de formación y orientación. De ahí que 2007 haya sido un buen año para la firma de acuerdos de colaboración con diferentes empresas y entidades. «No hay puesto de trabajo que no pueda ser desempeñado eficazmente por personas con disca-pacidad», sostiene el director general de la Fundación Adecco. «Además de la obligación legal de contratar a estas personas, existen ventajas sociales y económicas que no debemos olvidar. Por esto la Fundación colabora estrechamente con las empresas para ayudarles en la idónea incorporación de estas personas».

El papel de la Fundación en estos acuerdos es el de colaborar y ayudar a las empresas a integrar a estas personas en sus plantillas, incentivar la puesta en marcha de políticas de responsabilidad social corporativa (RSC), además de proyectos y actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida y la integración de este colectivo (como el fomento del deporte para el posterior desarrollo de habilidades sociales y deportivas).

Entre los acuerdos que fueron firmados en el año 2007 destacan el de Motorola para investigar productos y servicios con el fin de que las personas con discapacidad tengan mayor facilidad para incorporarse al mercado laboral; y las tres cátedras de investigación de Indra para desarrollar tecnologías accesibles.

Más información:
Fundación Adecco
www.fundacionadecco.es

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