Las personas que precisan ayudas importantes de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria se encuentran en situación de dependencia. Y en ellas piensa, precisamente, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAAD), más conocida como Ley de Dependencia.

Esta norma, puesta en marcha en 2007, tiene enormes repercusiones en cuanto a generación de empleo se refiere, dada la gran cantidad de puestos que va a generar. Así, frente a las previsiones iniciales que hablaban de 200.000 empleos (en el ‘Libro Blanco de la Dependencia’ elaborado por el Ministerio de Trabajo), el Gobierno ha incrementado la cifra hasta 500.000, que se irán creando de forma gradual hasta el año 2015, fecha prevista para la implantación total de la Ley.

El mencionado Libro Blanco habla de dos vertientes fundamentales en el tema del empleo: los nuevos puestos que se crearán en los ámbitos público y privado, por una parte, y la liberación de la mano de obra apartada (total o parcialmente) del mercado laboral, por otra. Para la presidenta del Consejo General de Diplomados de Trabajo Social, Ana Lima, hay que distinguir entre «profesionales o técnicos cualificados y los no cualificados, o cuidadores».

El perfil profesional…

La principal figura profesional a la que se refiere la Ley de Dependencia es la del trabajador social. Una reivindicación que este colectivo realiza sobre esta legislación es la de establecer una ratio profesional mínima en los servicios sociales municipales, en lo que llaman ‘Campaña de uno por 3.000’ (un trabajador social por cada 3.000 habitantes). «En el caso de la Ley se dice que no sólo vale con esta ratio sino que, además, tiene que haber un cupo de casos para cada profesional», afirma Ana Lima.

Los equipos de valoración de la dependencia es un segundo perfil profesional que nace bajo el amparo de esta ley. «Son profesionales sanitarios y sociales que van a las casas a valorar la dependencia en la gente que lo solicita», explica. Según la normativa, este aspecto tendrá que ser regulado a través de la Administración Pública, con lo que tendrán que convocarse bastantes oposiciones en las diferentes comunidades autónomas.

El tercer grupo de perfiles cualificados es el integrado por los profesionales que trabajan en residencias y centros de día: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de enfermería, animadores, etc.

Según el Libro Blanco del Ministerio de Trabajo, «el mayor número de empleos estarían relacionados con los servicios de atención residencial y ayuda a domicilio, seguidos a considerable distancia por la atención en centros de día, el servicio de asistente personal para la autonomía y la teleasistencia».

… y el no profesional

El otro gran grupo de puestos se va a generar en torno a los perfiles no cualificados. Como explica Ana Lima, «van a dedicarse a hacer los cuidados personales a las personas con dependencia, tanto las que tienen una discapacidad como los mayores que estén reconocidos como dependientes».

Tres son las figuras que menciona la Ley en este campo. En primer lugar el asistente personal. «Se trata de una persona a la que va a pagar el dependiente con una prestación que él mismo va a cobrar», comenta la presidenta del Consejo Nacional de Trabajadores Sociales. «Por ejemplo, un invidente que necesita una personaque le acompañe a sus estudios, a su centro escolar o a trabajar, para ir al médico…».

La Ley genera también la figura del cuidador familiar (antes llamado informal) que ha recibido muchas críticas por parte de algunos sectores del mercado. «Es, por ejemplo, el hijo que vive con su madre, que es dependiente. Se le abre un contingente en la Seguridad Social, cotiza y cobra un dinero al mes por cuidarla», apunta Ana Lima. «También puede ser una persona que deja su trabajo habitual para dedicarse a esto. O un ama de casa, que estaría fuera del mercado y que, de esta manera, empieza a cotizar».

El último perfil es el del auxiliar de ayuda a domicilio, que presta sus servicios, tanto de mantenimiento doméstico como de cuidado personal, a las personas mayores que decidan quedarse en sus hogares y que acuden unas horas a ayudarles. «Esta actividad suele contratarse a través de empresas de servicios. Y la Ley incide en que deben tener la formación adecuada para realizar su trabajo en condiciones de calidad», comenta.

Calendario de aplicación

La Ley de Dependencia se irá aplicando de forma progresiva, de tal modo que en el año 2015 su implantación sea total. Durante 2007 se atendieron los casos de gran dependencia, es decir, aquellos que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, varias veces al día, además del apoyo indispensable y continuo de otra persona. A continuación te mostramos el calendario previsto en la legislación:

  • 2008: atención a los dependientes severos nivel dos. Este tipo de dependencia es el de las personas que necesitan ayuda dos o tres veces al día, pero no requieren el apoyo permanente de un cuidador.
  • 2009: atención a los dependientes severos nivel uno.
  • 2011: atención a los dependientes moderados nivel dos. La dependencia moderada es la de las personas que necesitan ayuda al menos una vez al día.
  • 2013: atención a los dependientes moderados nivel uno.
  • 2015: finaliza el periodo de implantación del Sistema de Dependencia.

Un observatorio nacional para analizar la aplicación de la ley

El Consejo Nacional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales ha celebrado el primer encuentro nacional sobre servicios sociales.

El ‘I Observatorio Nacional de los Servicios Sociales’, celebrado el pasado 25 de enero, surgió como un punto de encuentro para reflexionar sobre la implantación de la Ley de Dependencia en las diferentes comunidades autónomas.

Una de sus principales conclusiones fue que existen tantos modelos de aplicación de la Ley como comunidades. Así, mientras que algunas zonas ya han comenzado a recibir las prestaciones de la legislación, otras tienen paralizado el acceso a las mismas.

Para el vicepresidente del Consejo, Manuel Martín, «se deberían reforzar aspectos tanto de índole técnica como personal y económica así como desarrollar una mayor coordinación en todos los niveles pero, sobre todo, entre sanidad y servicios sociales». Es decir, todavía queda mucho camino por recorrer para la correcta aplicación de la Ley de Dependencia.

El tema del empleo también salió a debate destacando la importancia de seguir reforzando las plantillas de recursos humanos con una ratio adecuada que garantice la calidad en la prestación de los servicios. También hay que tener mucha precaución ante una excesiva externalización de los centros y servicios del catálogo de la Ley.

Los sindicatos hicieron mucho hincapié en este tema, advirtiendo de la necesidad de regular el sector privado porque no siempre el empleo que se crea tiene las condiciones laborales más idóneas. Así, se habló mucho de los contratos basura, la temporalidad y las bajas tablas salariales.

«Los empresarios se quejan de que no saben de dónde van a sacar a tanta gente para trabajar en este sector porque no la encuentran. Y la gente no quiere trabajar en este mercado por las condiciones que tiene», explica la presidenta del Consejo General de Diplomados de Trabajo Social, Ana Lima. De ahí que planteen una serie de mejoras completas para que, de verdad, sea un trabajo que garantice una dignidad y unos sueldos adecuados.

El caso francés, a debate

Madrid acogió, los días 20 y 21 de febrero, la primera edición de este encuentro internacional.

La Fundación Alares acaba de concluir el ‘I Congreso Internacional Alares: calidad de vida y competitividad empresarial’, uno de cuyos ejes ha sido el análisis de la dependencia. Y para debatir sobre este tema, los asistentes contaron con el testimonio del director de la Agencia Nacional de Servicios a la Persona (ANSP) de Francia, Bruno Arbouet.

Este profesional analizó el modelo de asistencia y ayuda familiar francés, puesto en marcha en enero de 2006 por el ministro de Empleo, Jean-Louis Barloo. «En el sector francés de los servicios de asistencia y ayuda a las familias hemos conseguido que el trabajo declarado, no sólo cueste menos que el que ofrece la economía sumergida, sino también que tenga mayor profesionalidad y calidad».

Los datos no dejan lugar a dudas: 1,3 millones de asalariados trabajan en el sector servicios a la persona, 145.000 empleos se crearon durante 2006, hay una previsión de creación de 500.000 puestos en tres años y 2,5 millones de particulares emplean asalariados en su domicilio.

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