La mujer sigue enfrentándose a barreras en su acceso a un puesto de trabajo. El marco legal, el acceso a la educación, la disponibilidad de guarderías, las buenas prácticas empresariales y la sensibilidad social son algunos de estos impedimentos en la carrera profesional de las españolas. Así se desprende del estudio ‘La participación de la mujer en la economía: impulsos, barreras, respuestas’, elaborado por la empresa PricewaterhouseCoopers (PwC).
La conciliación de la vida profesional y personal junto con las limitaciones autoimpuestas por otros motivos son otros dos obstáculos identificados en el estudio. El documento analiza el acceso de las mujeres al trabajo en España y siete países más: Brasil, China, Francia, Alemania, India, Suecia y Estados Unidos.
Como sostiene la socia de la compañía y responsable del programa Woman in PwC, Marta Alemán, «muchas empresas pueden exhibir progresos ante el apoyo a la diversidad de género dentro de la compañía y en la creciente presencia de las mujeres en los puestos directivos medios, pero todavía no está claro que estos programas obedezcan a un cambio en la cultura corporativa. El aumento de la participación de la mujer en la actividad económica depende en gran medida de un cambio de mentalidad social y empresarial aún por consolidar».
Medidas de mejora
El estudio señala los esfuerzos realizados tanto por los gobiernos como por las empresas para identificar todas aquellas barreras que frenan la participación de las mujeres en el mundo económico y empresarial. También intentan adoptar medidas para mejorar el entorno normativo y social actual para la incorporación, la fidelización y el desarrollo de la mujer en el mundo laboral.
La creación de un entorno propicio representa un considerable avance en la carrera por alcanzar la igualdad entre ambos géneros. No obstante, cada país cuenta con unas características diferentes en cuanto a lo que se considera un entorno de trabajo favorable, al igual que la consideración de las barreras existentes y la manera de eliminarlas.
La discriminación positiva en favor de la mujer suele entenderse, según el estudio, como una respuesta plausible a una realidad comúnmente aceptada: «la menor capacidad de la mujer para promocionar su desarrollo profesional en la empresa frente a la de sus colegas masculinos».
El caso español
La reciente Ley de Igualdad aprobada en nuestro país en marzo supone un avance en este tema. Así, la legislación concede un plazo de ocho años a las empresas para que alcancen la paridad entre ambos sexos en sus consejos de administración.
Una de las barreras la encontramos en los costes que representan las escuelas infantiles. Mientras que en Suecia y Francia existe un sistema público de guarderías muy desarrollado, en España la situación cambia. Así, sólo el diez por ciento de los menores de tres años en nuestro país acuden a centros públicos o privados, variando las ayudas otorgadas según cada comunidad autónoma.
La Federación Española de Mujeres Progresistas alerta sobre la discriminación de la mujer en diferentes ámbitos sociales y económicos.
Más del 95 por ciento de los 320.554 permisos de maternidad o paternidad y de las 20.225 excedencias laborales por cuidado de hijos registrados por la Seguridad Social en 2006 correspondieron a mujeres. Así lo afirmó la presidente de la Federación Española de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro durante la jornada ‘Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral’, organizada por UGT.
Su intervención le sirvió para difundir un estudio estadístico con distintas fuentes oficiales sobre la discriminación de la mujer en distintos ámbitos sociales y económicos. Dicho estudio cita otro que fue realizado por el Instituto de la Mujer sobre la diferencia en los usos del tiempo diario entre hombres y mujeres. Según el mismo, ellas dedican una media de unas siete horas y media a las tareas domésticas, más del doble que los hombres y un 50 por ciento más que en mujeres de otros países europeos, como Suecia.
Besteiro realizó un repaso a la presencia o participación femenina en cargos de responsabilidad de instituciones públicas españolas y europeas y en entidades y organismos vinculados al poder político, económico y judicial. Según sus datos, aunque por primera vez en España existe un Gobierno paritario en número de ministros, ministras y portavoces, sólo un 36 por ciento de los miembros del Congreso y un 23 por ciento de los del Senado son mujeres.
En las comunidades autónomas, por primera vez se eligió a una presidenta en el año 2004. Pero sólo un 39 por ciento de las consejerías son dirigidas por mujeres, menos Andalucía y Ceuta que tienen más de un 57 por ciento de consejeras, y Castilla-La Mancha, donde la composición es paritaria entre hombres y mujeres.
Y esta situación también es trasladable a la UE, ya que sólo un 28 por ciento de los 25 miembros de la Comisión Europea son mujeres.
Descompensación
Las secretarías de Estado (con un 22 por ciento de mujeres), las direcciones generales (18), las embajadas españolas (con 12 embajadoras de los 144 existentes) y los altos cargos de la Administración del Estado (16) sufren también una notable descompensación en la representación femenina frente a la masculina.
Las críticas de Yolanda Besteiro también se dirigieron al hecho de que, aunque cada vez existen más mujeres médicos, no hay ninguna en la Junta Directiva de Médicos; al cinco por ciento de mujeres en la Comisión Permanente de la Abogacía; al 17 por ciento en la Comisión Permanente de Procuradores o a la única mujer de la Real Academia de la Lengua Española.
Las universidades españolas experimentan igualmente esta discriminación positiva en los puestos directivos, «pese a que en ella estudian más mujeres que hombres y se gradúan también más».
© Laboris
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